4 de julio de 2016
El informe presentado por el director de CoLab UC, Sebastián Gatica, analizó los desafíos y oportunidades para desarrollar un modelo de BIS en el contexto chileno. Gatica fue enfático en señalar que si bien en Chile “hay una tradición de trabajo público-privado, aún hay ciertos lenguajes y acuerdos indefinidos en torno a los resultados e impactos esperados. De eso han surgido distintas miradas sobre quién puede abordar estas problemáticas sociales”.
Y es que el modelo de impacto social propuesto por el Banco Interamericano de Desarrollo no existe como tal en Chile. Para operar, los BIS requieren de la articulación de distintos actores, coordinados por un eje intermediario que compatibiliza los incentivos de los involucrados. Dicho grupo intermediario articula un proyecto entre Gobierno e inversionistas, de acuerdo a una problemática social definida. A través de proveedores de servicios sociales seleccionados por el grupo intermediario, se implementa una intervención al público objetivo, la cual es evaluada por un ente externo. Obteniendo esos resultados, el Gobierno paga de vuelta a inversionistas de acuerdo al impacto generado en el sector objetivo.
Según Sebastián Gatica, “La propuesta de los BIS implica mucha innovación, ya que el poder trabajar sobre datos que entregan evidencia de impacto social significa aprovechar bien los recursos que tenemos”. Dicha evidencia se constató a través de estudios de factibilidad para replicar casos exitosos de BIS en materia de seguridad ciudadana, maltrato infantil, empleo juvenil, y personas en situación de calle.
El primero de estos bonos busca reducir los niveles de reincidencia de presos adultos con condenas de baja duración a través de la gestión de casos en servicios de transición; es decir, previo a, durante y posterior a su liberación. Ubicándose Chile en el segundo lugar de los países con tasas más altas de encarcelamiento de la OCDE, y con una “población penal cautiva” que muestra altos índices de reincidencia dentro de los tres años desde el egreso, la oportunidad para , indica el informe, es significativa: En el período analizado, más de 17 mil personas reincidieron, lo cual significó un gasto US$ 71,7 millones para el Estado. El intermediario para este caso, la fundación Instiglio, propone ejecutar un programa multidisciplinario de 12 meses que provee servicios de asistencia social previo, durante y posterior al egreso del reincidente. Se estimó que el Estado podrá constatar ahorros en menos de 5 años.
Brigit Helms, gerente general del FOMIN, destacó este caso por los resultados que tuvo la aplicación de BIS en el ecosistema de EEUU y el Reino Unido. “Me parece una oportunidad interesante. Ha sido un instrumento muy eficaz no solamente para generar ahorros sustanciales para el Estado y con mejores resultados en cifras de reincidencia, sino que también influye directamente en establecer comunidades más seguras”, opinó.
También el socio senior del FOMIN, Zachary Levey, enfatizó en el potencial de articular un instrumento de BIS en Chile y destacó la presentación del informe como un primer paso para abrir la conversación en toda la región. “Chile tiene un gran potencial de innovación, ya que siempre ha sido un país que ha funcionado como laboratorio de nuevas ideas para la región. Creemos que sería un buen ejercicio entender un poco más cómo este instrumento podría ser un mecanismo para ciertas brechas latinoamericanas”, explicó. Además, Levey agregó que actualmente México, Brasil y Colombia, también se encuentran en etapas de exploración y desarrollo de un instrumento compatible.
Otra observación que resultó de la presentación del informe fue la necesidad de integrar nuevos actores en la formulación de un instrumento de impacto social. En el caso de intermediarios, el informe sugiere generar un fondo para financiar la factibilidad y el diseño de BIS, para dar continuidad al trabajo de una mesa de trabajo compuesta por Estado, inversionistas, proveedores de servicios, evaluadores externos e intermediarios.
“El mecanismo establece bastantes elementos positivos y a lo mejor ni siquiera es necesario importar algo desde otro país” opinó Danae Mlynarz, jefa de División de Cooperación Público-Privada del Ministerio de Desarrollo Social. Puede ser recomendable crear un híbrido con experiencias externas y la ley de donaciones sociales que opera en Chile, supeditando la entrega de franquicias tributarias a la medición de impactos y resultados. La funcionaria pública concluyó que el siguiente desafío es articular los distintos actores que actualmente no tienen espacios de intervención en una red virtuosa de colaboración.