9 de marzo de 2018
Apenas medio año después de las elecciones federales en Alemania, la coalición liderada por Angela Merkel anunció que incrementaría la inversión de I+D del nuevo gobierno de 2,9% a 3,5% del PIB hacia 2025, dejando al país detrás de Corea del Sur e Israel. Este compromiso, declaró el Ministerio de Energía germano, sería necesario para poder sostener la competitividad del país en el tiempo.
Mientras tanto, la escuálida inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) en Chile no es novedad. Balances públicos han delatado la limitada participación histórica de esta actividad en la economía nacional, limitando el gasto público a un 0,36% del PIB desde 2010 a la fecha, muy por debajo del promedio de 2,4% de la OCDE. Este monto, equivalente a $644.730 millones durante el año pasado, corresponde al 1,5% del presupuesto total del Gobierno Central, lo cual de acuerdo a «Ciencia, Tecnología e Innovación en Chile: un análisis presupuestario», estudio públicado por la Dipres el pasado mes, podría deberse a la falta de priorización gubernamental o bien la carencia de políticas públicas «claras y evaluables».
En un reciente estudio longitudinal publicado por el Centro Europeo de Estudios Económicos (ZEW), se analizó coincidentemente el impacto de políticas públicas en 26 países de la OCDE, constatando importantes brechas de innovación y productividad entre Estados que redujeron la inversión en I+D para afrontar la crisis financiera de 2008. Mientras países como Grecia, España e Italia redujeron la inversión en I+D, Suecia, Dinamarca y Alemania la incrementaron.
El actual liderazgo regional de estos últimos países en materia de productividad se debería -así lo sugiere el ZEW- directamente a un esfuerzo por facilitar recursos públicos para la inversión en I+D. El caso europeo demostraría, según los autores de la publicación, que la rentabilidad resultante excede el costo que asumieron gobiernos para pagar una mayor deuda estatal. «Es sugerible, particularmente en tiempos de bajas tasas de interés, adquirir deuda para financiar en mayor medida la I+D», concluye.
Así, países de la OCDE que lideran en materia de innovación incrementaron sus modelos de incentivo tributario para la I+D, reforzando proyectos asociativos entre sectores productivos en industrias estratégicas. Los efectos de esta medida destacada por el estudio del ZEW, en cuanto a la mayor generación de proyectos de investigación aplicada, pueden apreciarse similarmente en Chile. Desde 2008, empresas pueden acceder a los beneficios de la Ley de I+D, un 35% de crédito tributario contra el Impuesto de Primera Categoría sobre el monto invertido en actividades de I+D.
No obstante, el crecimiento anual sotenido en proyectos beneficiarios de esta ley se puede apreciar recién después del 2012, cuando se modificó la ley para certificar igualmente a proyectos realizados intramuros y no sólo por terceros. Medida acertada, ya que de acuerdo a la publicación de la Dipres anteriormente mencionada, se observó que los montos certificados por la ley crecieron exponencialmente a partir de 2013.
No obstante, el gasto tributario -que representó $9.552 millones en 2016- es aun marginal en comparación con el presupuesto público de Ciencia, Tecnología e Innovación (1,5% en 2016). La conclusión: se trata de un instrumento aun de escala insuficiente para apalancar recursos privados, por lo que se deben buscar mecanismos que faciliten su mayor utilización. De la misma manera, flexibilizar los requisitos del incentivo a emprendedores que, por encontrarse aún en etapas iniciales, no poseen las utilidades necesarias para poder emplearlo, a modo de «crédito tributario anticipado», según Hernán Cheyre, Director del Instituto de Emprendimiento de la Universidad del Desarrollo. Sea esta una de las medidas que implementa el nuevo gobierno o no, la colaboración público-privada continuará siendo una piedra angular en torno a la generación de I+D para el desarrollo del país.
Con el fin de promover la generación de soluciones según las necesidades de la industria, el Centro de Innovación UC apoya la formulación y gestión de proyectos de I+D por encargo. Las altas exigencias de mercados globales, como también nuevos desafíos sociales y medioambientales han vuelto crítica la implementación de conocimiento de frontera para el sector productivo. Para ello, el Centro articula equipos compuestos por investigadores UC de 18 facultades para desarrollar productos y servicios a la medida.
or medio de contratos de I+D, empresas pueden realizar proyectos aplicados con el conocimiento y la infraestructura de la Universidad Católica, compuesta por una red de 18 facultades, 32 escuelas y 39 centros de investigación interdisciplinarios.
El Centro de Innovación UC cuenta con coordinadores especializados para articular proyectos de minería, energía, alimentos, biotecnología, biomedicina, tecnologías de la información y sustentabilidad, entre otras áreas de conocimiento.